Desde hace algún tiempo tenía ganas de compartirles algún ensayo, de los varios que he hecho en la maestría, este es de la materia de Derechos políticos y Particiáción Ciudadana.
El siguiente ensayo presenta, en un primer apartado, la posible vinculación entre las perspectivas liberal, republicana y la teoría multicultural, con el objetivo de promover un mayor involucramiento del ciudadano en lo político.
Las coincidencias de estas posturas ideológicas y filosóficas se presentan, en este ensayo, en el marco de un gobierno democrático, esto es así, debido que se pretende fomentar la participación ciudadana, concepto fundamental para el desarrollo de un gobierno democrático. En primera instancia es necesario presentar de qué manera plantean, cada una de estas teorías, la participación ciudadana en la vida política.
Como punto de partida retomo la concepción que el liberalismo y el republicanismo presenten en torno al tema de la libertad, porque como explicaré más adelante determina la postura que el individuo juega en el contexto social. La libertad se ha definido en dos aspectos, uno negativo y otro positivo; en relación a la concepción negativa, hace referencia a la libertad que tienen los individuos al no tener interferencia de otros, es decir, se tiene la libertad de decir, hacer, pensar, entre otras cosas, como cada individuo lo determine, en cuanto a la concepción positiva de la libertad, puede requerir más que esto: puede requerir la libertad de participar en la autodeterminación colectiva de la comunidad, […], libertad tanto frente a los obstáculos internos de debilidad, compulsión e ignorancia como frente a los obstáculos externos que provienen de la interferencia de otros, e incluso el logro de una cierta perfección moral. (PETTIT: 2004, 118)
El concepto de la libertad, en sí, es de suma importancia para las tres posturas, tantos la liberal, republicana y multicultural; la manera como pueden generarse coincidencias, o más allá de coincidencias lazos de cooperación entre estas posturas, es que el concepto de libertad negativa, propuesta por la teoría de la libertad, en donde los individuos tienen la plena libertad de decir, hacer, pensar, entre otros aspectos, sea válida para las diferentes culturas y posturas al interior de la esfera social de la humanidad, es decir, que las diversas culturas tengan la libertad de expresar sus necesidades, propuestas, ideas, entre otras, y que en base a esto se genere un ejercicio planteado por la libertad positiva, presentada por los republicanos, la autodeterminación colectiva, es decir, que se promueva un intercambio de ideas en la sociedad que fomente el bienestar colectivo. Lo anterior de igual manera, alienta un ejercicio democrático en donde se apoyan tanto las perspectivas y opiniones de la mayoría, pero también un ejercicio en donde las minorías tengan los espacios necesarios para hacer escuchar sus demandas y verlas satisfechas.
Así se demuestra que las concepciones presentadas por las diversas posturas ideológicas, no son excluyentes de manera definitiva, pueden ser complementarias, con el objetivo de buscar una mejor participación ciudadana, que lleve a la satisfacción del bien común.
Como el tema de la libertad resulta importante en la cuestión de la manera como se produce la participación ciudadana, otro concepto de suma importancia para el tema es la ciudadanía. La participación política está ligada al ejercicio de la ciudadanía […]. La ciudadanía moderna implica el ejercicio casi universal (en el contexto de las democracia liberales) de los derechos políticos. La participación política en la democracia liberal consiste básicamente en un tipo de actividad orientada a influir sobre el gobierno mediante el ejercicio de los derechos políticos. (DAHL: 208,209)
La manera como se concibe al ciudadano resulta de relevante para fomentar su participación en la vida política de un país, así, de manera general comento que para los liberales, el ciudadano es presentado como un consumidor, es decir, aquel que va y escoge el producto que cubra de la mejor manera sus necesidades, por otro lado, para los republicanos la ciudadanía envuelve características de otro tipo, un comportamiento colectivo en donde el ciudadano se involucre y conozca las necesidades de los demás, para poder sumar ideas y fuerza con el objetivo de promover un mayor bienestar social, finalmente, la perspectiva multiculturalista propone que la ciudadanía no nada más debe ser entendida como la posesión de derechos políticos, entre ellos el derecho al voto, debe ser entendida como un concepto que genera identidad social, y que varía de acuerdo al contexto social en el que se desarrollan los ciudadanos.
La adhesión liberal al mercado, que se remonta a su histórica alianza con la causa del comercio, hace muy atractiva la imagen del votante como consumidor. Por el contrario, la idea dominante en los escritores republicanos es que votar es importante porque al votar la gente internaliza los asuntos de gobierno, formando y expresando su punto de vista reflexivo acerca de lo que es conveniente para el bien público. (PETTIT: 2004, 130)
Hay quienes han planteado que la ciudadanía no es simplemente un status legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política. (KYMLICKA: 1997,27)
Los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si adoptamos lo que Iris Marion Young llama una concepción de “ciudadanía diferenciada” (KYMLICKA: 1997, 27)
En un primer momento las posturas presentadas en torno a la ciudadanía parecen irreconciliables, y podemos enfrentarlas en dos bloques, los liberales y republicanos podrían formar un bloque, e incluso se podrían encontrar coincidencias, pero en el caso del multiculturalismo parece enfrentarse de manera definitiva ante el otro bloque.
Tanto liberales como republicanos conciben a los ciudadanos como iguales, es decir, el ciudadano de cualquier país del mundo es igual, y cuenta con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su contexto social, histórico, cultural, económico, entre otros; pero en el caso del multiculturalismo se apela a una realidad evidente en el acontecer diario de la vida de los ciudadanos en diferentes partes del mundo, una lastimosa desigualdad, lo que afecta de manera evidente e importante, la validación de los derechos políticos por parte de los ciudadanos menos favorecidos.
Por esto, los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si adoptamos lo que Iris Marion Young llama una concepción de “ciudadanía diferenciada” (KYMLICKA: 1997, 27)
Este término de ciudadanía diferenciada, definitivamente se contrapone a la idea de una ciudadanía igual de la propuesta liberal y republicana, ante esto, Young da dos razones por las cuales la genuina igualdad requiere afirmar, más que ignorar, las diferencias grupales. Primero, los grupos culturalmente excluidos están en desventaja de cara al proceso político, y “la solución consiste al menos parcialmente en proveer medios institucionales para el reconocimiento explícito y la representación de los grupos oprimidos. Segundo, los grupos culturalmente excluidos tienen necesidades particulares que sólo se pueden satisfacer mediante políticas diferenciadas. (KYMLICKA: 1997, 29)
Pero entonces, cuestiono, no hay un punto de confluencia entre estas posturas, y me atrevo a decir, que una vez más, pueden ser complementarias.
El argumento que planteo propone que las concepciones liberales de derechos políticos, en donde el ciudadano cuenta con todas las libertades, de decisión, asociación, expresión, son derechos que deben ser defendidos en la totalidad de los ciudadanos, independientemente de sus contextos sociales, culturales, económicos, entre otros, es decir, en la multiculturalidad mundial debe promoverse el respeto de los derechos políticos propios de los ciudadanos, pero al tener, en la mayoría de los países en donde se presenta un sistema de gobierno democrático, sistemas representativos (en donde el pueblo vota para elegir a los representantes), debe fomentarse una mayor participación por parte de los ciudadanos para dar seguimiento a las acciones emprendidas por esos representantes, y demandar que se lleven a cabo las políticas públicas que procuren un bienestar social.
Pero para promover una mayor participación social, y que ésta sea de manera informada y consciente se requiere de una educación a la ciudadanía, y de hacer frente a las desigualdades en los diversos rubros en los que se desarrollan los ciudadanos. Así, se requiere de la promoción y protección de los derechos políticos planteados por la postura liberal, pero a la vez, se requiere de fomentar la participación ciudadana para velar el desempeño de los representantes políticos, promoviendo una mayor deliberación de los ciudadanos en lo colectivo, lo anterior debe ser planteado de manera profunda y clara haciendo frente a las desigualdades sociales que enfrentan los ciudadanos.
Así, tiene a bien plantear la teoría de la virtud liberal, [que] […] la necesidad de contar con la capacidad de cuestionar a la autoridad y la voluntad de involucrase en la discusión pública. La necesidad de cuestionar a la autoridad proviene en parte del hecho de que, en una democracia representativa, los ciudadanos eligen representantes que gobiernan en su nombre. En consecuencia, una importante responsabilidad de los ciudadanos es la de controlar a quienes ocupan cargos públicos y juzgar su conducta. La necesidad de involucrarse en la discusión pública proviene del hecho de que, en una democracia, las decisiones del gobierno deben adoptarse públicamente, a partir de una discusión libre y abierta. (KYMLICKA: 1997, 22)
El hecho de que se genere una mayor participación ciudadana fortalece incluso al mismo Estado, al sistema democrático, y resulta más factible que se logre la realización del Estado de Derecho; esto debido que el sistema democrático tiene como base etimológica, el gobierno del pueblo, se pueden desarrollar diversos modelos democráticos, como lo es el democrático liberal representativo, pero se tiene la idea de que la ciudadanía define o tiene el papel más importante en el desarrollo político, pero cuando los ciudadanos no ven cumplidas sus demandas, y se ven más como consumidores que como ciudadanos, entonces se genera una decepción del sistema democrático.
Enfrentamos, pues, una situación de (des) igualdad compleja en que no somos “igualmente desiguales”, vale decir, donde las asimetrías varían en los distintos “subsistemas” del sistema general. […] Una distribución más justa en el ejercicio de la ciudadanía permite que los sectores excluidos tengan mayor presencia en las decisiones políticas y da más viabilidad al pleno ejercicio de los derechos sociales y culturales, lo cual también redunda en mayor bienestar social y mejor calidad de vida. (CEPAL: 2000, 302)
Este retroceso de los Estados, democrático o no, entraña una disminución de la participación política y lo que justamente se denominó una crisis de la representación política. Los electores ya no se sienten representados, lo que expresan denunciando a una clase política que ya no tendría otro objetivo que su propio poder y, a veces, incluso el enriquecimiento personal de sus miembros. La conciencia de ciudadanía se debilita, ya sea porque mucho individuos se sienten más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales, ya porque, al contrario, cierto número de ellos se sienten marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienten que participan, por razones económicas, políticas, étnicas o culturales.
Así, para generar una mayor participación ciudadana es necesaria la complementariedad entre las posturas liberales, republicanas y multiculturalismos, es cierto que estas teorías se desarrollan con el fin de interpretar ciertos acontecimientos de la realidad, pero no podemos considerar como definitiva y única a una sola teoría. De igual manera resulta de suma importancia entender al ciudadano más allá que un simple votante, debe entenderse como el motor de la democracia, quien debe ver y demandar la satisfacción plena de los derechos políticos y civiles, pero también los derechos económicos y sociales.
Ante un panorama en donde la globalización económica y tecnológica ha generado desigualdades sociales realmente profundas en todo el mundo, - provocando la exclusión de grupos sociales mermando sus derechos políticos y sociales-, a esto, aunado el adelgazamiento del Estado, es necesario fomentar una participación ciudadana que se genere en el entorno de multiculturalismo mundial, en donde se promuevan los derechos políticos, pero también los derechos económicos y sociales, necesarios para poder desarrollarse dentro de un Estado de Derecho. Y en un sistema de gobierno democrático, que es un sistema que defiende la protección de los derechos humanos, se hace necesario promover la participación ciudadana para hacer frente, y cambiar, la realidad de desigualdad que impera no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Es necesario entender que, la ciudadanía no es sólo una condición de libertad privada y derechos políticos básicos, sino también una condición que atañe a la calidad de vida de todos aquellos que forman parte de la sociedad. (CEPAL: 2000, 306)
Finalmente, en este punto agrego que, para poder preservar la idea de libertad e igualdad individual, postulado por la teoría liberal, es necesario entender que el individuo se desenvuelve y forma parte de un colectivo, del cual debe formar parte activa para la toma de decisiones, pero que sí debe hacerlo con total libertad y autonomía. Es ciudadano al ejercer el legítimo reclamo de sus demandas, es ciudadano como beneficiario de la acción pública del Estado, pero también lo es al interesarse en problemas locales, regionales, nacionales (y ahora, globales) y al fortalecer la red social que integra. (CEPAL: 2000, 306)
Un segundo apartado del ensayo abordará el tema de aquellos mecanismos de participación ciudadana, tales como la reelección, consultas ciudadanas, referéndum, entre otras, que pueden fortalecer el desarrollo de la democracia, desde una perspectiva de la realidad mexicana.
En un sistema democrático de representación liberal, sistema que se desarrolla en México, es necesario fomentar aquellas figuras que promueven la participación e involucramiento por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones, de lo contrario, el concepto de ciudadano se entiende únicamente como la posibilidad de ejercer el voto, lo que muchas veces desvincula al ciudadano de la realidad política.
En la actualidad en México la autonomía del sistema político y del ejercicio de los derechos políticos se manifiesta en el desarrollo de procedimientos jurídicamente reglamentados: las elecciones. Estos procedimientos ofrecen la oportunidad de expresar inconformidades y protestas sin poner en peligro las estructuras institucionales. Las elecciones contribuyen de manera decisiva a la legitimidad del sistema político, pues a cambio del derecho de voto, se exige al ciudadano una disposición generalizada a aceptar, dentro de ciertos márgenes de tolerancia, las decisiones que resulten del procedimiento. (FIX-FIERRO: 2006, 25)
Es cierto que la emisión del voto, no debe ser vista como la única característica de la ciudadanía, pero también debe dimensionarse como una acción de suma importancia, en donde se requiere de la participación activa de la ciudadanía, y el previo análisis de cada una de las opciones para poder ejercer el voto de la manera más consciente e informada posible, para generar un bienestar social.
Cabe mencionar que el voto puede ser emitido también para decidir la revocación de mandato, la cual sería decidida por la ciudadanía en caso de que algún representante no cumpliera con su labor o realizara alguna acción que afecte el bienestar de la sociedad, considero que este es un instrumento importante para vincular más al ciudadano con sus representantes, porque tendría al menos una manera de presionar para que se cumplieran las propuestas establecidas durante la campaña, pero desafortunadamente esta figura no está reglamentada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por un lado, y por el otro, existen algunos estados en lo que se presenta esta figura en las Constituciones locales, sin embargo, la ciudadanía no posee la información por desconocimiento de los procesos democráticos a los cuales tiene derecho como ciudadano. Considero que es necesario que se fomente que esta figura sea legislada en la Constitución nacional para poder así incrementar las posibilidades que tiene el ciudadano mexicano de demandar a sus representantes buenos resultados, y podría ser una manera de incrementar la participación ciudadana y fomentar que se conozcan más los derechos ciudadanos, mostrando que existe la vía de influir de manera directa en la toma de decisiones del país.
Pero existen otras formas de participación que refuerzan la participación ciudadana en la vida política, que ayudan a estrechar la relación del Estado (entendido como gobierno) y la sociedad civil. La existencia del derecho de participación en asuntos políticos implica el deber correlativo del Estado de establecer y perfeccionar constantemente los mecanismos y procedimientos de dicha participación. Estos incluyen no sólo la elección de gobernantes y representantes, sino también los mecanismos de democracia directa y semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana o popular, además de otras formas de consulta de la ciudadanía. (FIX-FIERRO: 2000, 35)
A continuación presento de manera más detallada a qué se refiere cada una de estas figuras.
La iniciativa popular consiste en la facultad que tiene cualquier ciudadano, o una fracción determinada del electorado, de presentar proyectos de leyes, decretos y otras disposiciones generales para que sean discutidos y, en su caso, aprobados por los órganos competentes. (FIX-FIERRO: 2006, 72)
En el caso de México esta figura está legislada en casi todas las entidades federativas, pero no resulta tan sencillo presentar una iniciativa popular a nivel federal, porque en primera instancia debe ser presentada ante los congresos locales respectivos, y una vez aprobada ahí se turna al poder federal, dado el caso. Considero que es importante que exista la posibilidad, pero por otro lado, debe reconocerse que la sociedad mexicana no está caracterizada por participar de manera activa en la política, y en caso de hacerlo, como sucede con la sociedad civil organizada, el proceso burocrático por el que se tiene que pasar para poder hacer llegar la iniciativa, simplemente a los congresos locales, muchas veces desincentiva a los proponentes.
Un aspecto que la sociedad mexicana tiene muy introyectado, es que las cosas en México funcionan o con mordidas (corrupción) o a través del compadrazgo, esto ha desanimado a la sociedad en general a tomar parte activa en la vida política, haciendo caso omiso al uso de figuras como la iniciativa popular.
El referéndum se refiere a la aprobación o rechazo, por la ciudadanía, de disposiciones generales expedidas por los órganos públicos. […] Del referéndum están excluidas, en general y por razones comprensibles, las leyes fiscales y financieras, las leyes orgánicas del Estado, así como las normas constitucionales y legales que se expidan en cumplimiento de una reforma a la Constitución federal. (FIX-FIERRO: 2006, 71)
Esta figura de participación ciudadana no está presente en la legislación de todas las entidades federativas, salvo en algunos casos, sin embargo, una vez más, aún cuando existen no son de uso cotidiano en la vida política de México, caso contrario a lo que sucede en otros países, como lo fue últimamente en Venezuela, en donde se sometió a referéndum las reformas constitucionales, entre las que se encontraba aquella que proponía la permanencia indefinida en los cargos públicos, incluido el de presidente de la República.
El plebiscito implica la aprobación o desaprobación de medidas o de propuestas de medidas trascendentes del ejecutivo estatal y, en algunos casos, de los ayuntamientos. (FIX-FIERRO: 2006, 71)
En el caso mexicano esta figura está reglamentada en casi todas la entidades federativas, incluso en algunos ayuntamientos, la importancia de esta figura, al igual que del resto, radica en que la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar las propuestas de los representantes y ser ellos quienes tomen la decisión, y no sean únicamente los representantes quienes discutan y decidan cuestiones que impactan de manera importante la vida de la sociedad mexicana.
Si se trata de verdaderas instituciones de participación ciudadana, está claro que son los ciudadanos quienes deben tener la iniciativa y la decisión preferentes en estos procesos. Ello implica, pues, que sea efectiva, aunque no ilimitada, la posibilidad de llevar a cabo un referéndum, o plebiscito, o de ejercer la iniciativa popular, de modo que estos instrumentos se utilicen para tomar decisiones verdaderamente trascendentes. (FIX-FIERRO: 2006, 73)
La importancia de estas figuras de participación ciudadana en una democracia representativa es muy importante, porque son canales con los que los ciudadanos pueden contar para disminuir la distancia con sus representantes, en el caso de México se presenta un atraso en relación a este tema, primero porque no están presentes en las legislaciones de todos los estados, municipios y en la legislación federal, y segundo, porque la gente desconoce la existencia de éstos en los casos que están legislados.
En nuestro país se tiene un problema de desvinculación de los ciudadanos con la vida política por diversas razones, una de ellas por la falta de información, y también por hábitos que desafortunadamente no se han podido erradicar de la cultura ciudadana, como la corrupción, lo que genera desconfianza en gran parte de la población hacia los representantes públicos.
Por esta razón, considero que es necesaria la inclusión de estas figuras a escala nacional, y que sean los institutos electorales, federal y estatales, los encargados de difundir la información y facilitar la realización de dichos procesos, para evitar la injerencia del gobierno en algo que debe verse como un ejercicio ciudadano. Debe evitarse lo que sucedió el Distrito Federal cuando se realizó la consulta ciudadana en relación a la “privatización” de PEMEX, porque es cierto que era un tema de suma importancia, pero la actuación del gobierno del D.F. fue parcial, se difundían volantes en donde te decían cómo tenías que votar, creo que lo que se tuvo que haber hecho fue difundir información en relación a las propuestas de el ejecutivo de manera más clara para que los ciudadanos pudieran emitir un voto informado y autónomo.
Pero considero que es importante la promoción de este tipo de figuras para fortalecer la democracia en México y brindar mayores herramientas a los ciudadanos para que participen en la vida política del país. Pero éstas deben estar legisladas de tal manera que se generen las condiciones de total legitimidad y legalidad a los procesos, con el fin de que los ciudadanos tengan mayor confianza e interés para emitir sus opiniones.
FUENTES DE INFORMACIÓN.
· CEPAL (2000), Equidad, desarrollo y ciudadanía. México.
· DAHL, Robert (1999) La democracia: una guía para los ciudadanos. Ed. Taurus, Madrid.
· FIX-FIERRO Héctor (2006) Los derechos políticos de los mexicanos. UNAM, México. Capítulos I y II.
· KYMLICKA, Will y Wayne NORMAN (1997) El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía, Agora No. 7
· PETTIT, Philip (2004), Liberalismo y Republicanismo, en Félix OVEJERO et. al., Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad. Paidós, Barcelona.
Las coincidencias de estas posturas ideológicas y filosóficas se presentan, en este ensayo, en el marco de un gobierno democrático, esto es así, debido que se pretende fomentar la participación ciudadana, concepto fundamental para el desarrollo de un gobierno democrático. En primera instancia es necesario presentar de qué manera plantean, cada una de estas teorías, la participación ciudadana en la vida política.
Como punto de partida retomo la concepción que el liberalismo y el republicanismo presenten en torno al tema de la libertad, porque como explicaré más adelante determina la postura que el individuo juega en el contexto social. La libertad se ha definido en dos aspectos, uno negativo y otro positivo; en relación a la concepción negativa, hace referencia a la libertad que tienen los individuos al no tener interferencia de otros, es decir, se tiene la libertad de decir, hacer, pensar, entre otras cosas, como cada individuo lo determine, en cuanto a la concepción positiva de la libertad, puede requerir más que esto: puede requerir la libertad de participar en la autodeterminación colectiva de la comunidad, […], libertad tanto frente a los obstáculos internos de debilidad, compulsión e ignorancia como frente a los obstáculos externos que provienen de la interferencia de otros, e incluso el logro de una cierta perfección moral. (PETTIT: 2004, 118)
El concepto de la libertad, en sí, es de suma importancia para las tres posturas, tantos la liberal, republicana y multicultural; la manera como pueden generarse coincidencias, o más allá de coincidencias lazos de cooperación entre estas posturas, es que el concepto de libertad negativa, propuesta por la teoría de la libertad, en donde los individuos tienen la plena libertad de decir, hacer, pensar, entre otros aspectos, sea válida para las diferentes culturas y posturas al interior de la esfera social de la humanidad, es decir, que las diversas culturas tengan la libertad de expresar sus necesidades, propuestas, ideas, entre otras, y que en base a esto se genere un ejercicio planteado por la libertad positiva, presentada por los republicanos, la autodeterminación colectiva, es decir, que se promueva un intercambio de ideas en la sociedad que fomente el bienestar colectivo. Lo anterior de igual manera, alienta un ejercicio democrático en donde se apoyan tanto las perspectivas y opiniones de la mayoría, pero también un ejercicio en donde las minorías tengan los espacios necesarios para hacer escuchar sus demandas y verlas satisfechas.
Así se demuestra que las concepciones presentadas por las diversas posturas ideológicas, no son excluyentes de manera definitiva, pueden ser complementarias, con el objetivo de buscar una mejor participación ciudadana, que lleve a la satisfacción del bien común.
Como el tema de la libertad resulta importante en la cuestión de la manera como se produce la participación ciudadana, otro concepto de suma importancia para el tema es la ciudadanía. La participación política está ligada al ejercicio de la ciudadanía […]. La ciudadanía moderna implica el ejercicio casi universal (en el contexto de las democracia liberales) de los derechos políticos. La participación política en la democracia liberal consiste básicamente en un tipo de actividad orientada a influir sobre el gobierno mediante el ejercicio de los derechos políticos. (DAHL: 208,209)
La manera como se concibe al ciudadano resulta de relevante para fomentar su participación en la vida política de un país, así, de manera general comento que para los liberales, el ciudadano es presentado como un consumidor, es decir, aquel que va y escoge el producto que cubra de la mejor manera sus necesidades, por otro lado, para los republicanos la ciudadanía envuelve características de otro tipo, un comportamiento colectivo en donde el ciudadano se involucre y conozca las necesidades de los demás, para poder sumar ideas y fuerza con el objetivo de promover un mayor bienestar social, finalmente, la perspectiva multiculturalista propone que la ciudadanía no nada más debe ser entendida como la posesión de derechos políticos, entre ellos el derecho al voto, debe ser entendida como un concepto que genera identidad social, y que varía de acuerdo al contexto social en el que se desarrollan los ciudadanos.
La adhesión liberal al mercado, que se remonta a su histórica alianza con la causa del comercio, hace muy atractiva la imagen del votante como consumidor. Por el contrario, la idea dominante en los escritores republicanos es que votar es importante porque al votar la gente internaliza los asuntos de gobierno, formando y expresando su punto de vista reflexivo acerca de lo que es conveniente para el bien público. (PETTIT: 2004, 130)
Hay quienes han planteado que la ciudadanía no es simplemente un status legal definido por un conjunto de derechos y responsabilidades. Es también una identidad, la expresión de la pertenencia a una comunidad política. (KYMLICKA: 1997,27)
Los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si adoptamos lo que Iris Marion Young llama una concepción de “ciudadanía diferenciada” (KYMLICKA: 1997, 27)
En un primer momento las posturas presentadas en torno a la ciudadanía parecen irreconciliables, y podemos enfrentarlas en dos bloques, los liberales y republicanos podrían formar un bloque, e incluso se podrían encontrar coincidencias, pero en el caso del multiculturalismo parece enfrentarse de manera definitiva ante el otro bloque.
Tanto liberales como republicanos conciben a los ciudadanos como iguales, es decir, el ciudadano de cualquier país del mundo es igual, y cuenta con los mismos derechos y obligaciones, independientemente de su contexto social, histórico, cultural, económico, entre otros; pero en el caso del multiculturalismo se apela a una realidad evidente en el acontecer diario de la vida de los ciudadanos en diferentes partes del mundo, una lastimosa desigualdad, lo que afecta de manera evidente e importante, la validación de los derechos políticos por parte de los ciudadanos menos favorecidos.
Por esto, los pluralistas culturales creen que los derechos de ciudadanía, originalmente definidos por y para los hombres blancos, no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de los grupos minoritarios. Estos grupos sólo pueden ser integrados a la cultura común si adoptamos lo que Iris Marion Young llama una concepción de “ciudadanía diferenciada” (KYMLICKA: 1997, 27)
Este término de ciudadanía diferenciada, definitivamente se contrapone a la idea de una ciudadanía igual de la propuesta liberal y republicana, ante esto, Young da dos razones por las cuales la genuina igualdad requiere afirmar, más que ignorar, las diferencias grupales. Primero, los grupos culturalmente excluidos están en desventaja de cara al proceso político, y “la solución consiste al menos parcialmente en proveer medios institucionales para el reconocimiento explícito y la representación de los grupos oprimidos. Segundo, los grupos culturalmente excluidos tienen necesidades particulares que sólo se pueden satisfacer mediante políticas diferenciadas. (KYMLICKA: 1997, 29)
Pero entonces, cuestiono, no hay un punto de confluencia entre estas posturas, y me atrevo a decir, que una vez más, pueden ser complementarias.
El argumento que planteo propone que las concepciones liberales de derechos políticos, en donde el ciudadano cuenta con todas las libertades, de decisión, asociación, expresión, son derechos que deben ser defendidos en la totalidad de los ciudadanos, independientemente de sus contextos sociales, culturales, económicos, entre otros, es decir, en la multiculturalidad mundial debe promoverse el respeto de los derechos políticos propios de los ciudadanos, pero al tener, en la mayoría de los países en donde se presenta un sistema de gobierno democrático, sistemas representativos (en donde el pueblo vota para elegir a los representantes), debe fomentarse una mayor participación por parte de los ciudadanos para dar seguimiento a las acciones emprendidas por esos representantes, y demandar que se lleven a cabo las políticas públicas que procuren un bienestar social.
Pero para promover una mayor participación social, y que ésta sea de manera informada y consciente se requiere de una educación a la ciudadanía, y de hacer frente a las desigualdades en los diversos rubros en los que se desarrollan los ciudadanos. Así, se requiere de la promoción y protección de los derechos políticos planteados por la postura liberal, pero a la vez, se requiere de fomentar la participación ciudadana para velar el desempeño de los representantes políticos, promoviendo una mayor deliberación de los ciudadanos en lo colectivo, lo anterior debe ser planteado de manera profunda y clara haciendo frente a las desigualdades sociales que enfrentan los ciudadanos.
Así, tiene a bien plantear la teoría de la virtud liberal, [que] […] la necesidad de contar con la capacidad de cuestionar a la autoridad y la voluntad de involucrase en la discusión pública. La necesidad de cuestionar a la autoridad proviene en parte del hecho de que, en una democracia representativa, los ciudadanos eligen representantes que gobiernan en su nombre. En consecuencia, una importante responsabilidad de los ciudadanos es la de controlar a quienes ocupan cargos públicos y juzgar su conducta. La necesidad de involucrarse en la discusión pública proviene del hecho de que, en una democracia, las decisiones del gobierno deben adoptarse públicamente, a partir de una discusión libre y abierta. (KYMLICKA: 1997, 22)
El hecho de que se genere una mayor participación ciudadana fortalece incluso al mismo Estado, al sistema democrático, y resulta más factible que se logre la realización del Estado de Derecho; esto debido que el sistema democrático tiene como base etimológica, el gobierno del pueblo, se pueden desarrollar diversos modelos democráticos, como lo es el democrático liberal representativo, pero se tiene la idea de que la ciudadanía define o tiene el papel más importante en el desarrollo político, pero cuando los ciudadanos no ven cumplidas sus demandas, y se ven más como consumidores que como ciudadanos, entonces se genera una decepción del sistema democrático.
Enfrentamos, pues, una situación de (des) igualdad compleja en que no somos “igualmente desiguales”, vale decir, donde las asimetrías varían en los distintos “subsistemas” del sistema general. […] Una distribución más justa en el ejercicio de la ciudadanía permite que los sectores excluidos tengan mayor presencia en las decisiones políticas y da más viabilidad al pleno ejercicio de los derechos sociales y culturales, lo cual también redunda en mayor bienestar social y mejor calidad de vida. (CEPAL: 2000, 302)
Este retroceso de los Estados, democrático o no, entraña una disminución de la participación política y lo que justamente se denominó una crisis de la representación política. Los electores ya no se sienten representados, lo que expresan denunciando a una clase política que ya no tendría otro objetivo que su propio poder y, a veces, incluso el enriquecimiento personal de sus miembros. La conciencia de ciudadanía se debilita, ya sea porque mucho individuos se sienten más consumidores que ciudadanos y más cosmopolitas que nacionales, ya porque, al contrario, cierto número de ellos se sienten marginados o excluidos de una sociedad en la cual no sienten que participan, por razones económicas, políticas, étnicas o culturales.
Así, para generar una mayor participación ciudadana es necesaria la complementariedad entre las posturas liberales, republicanas y multiculturalismos, es cierto que estas teorías se desarrollan con el fin de interpretar ciertos acontecimientos de la realidad, pero no podemos considerar como definitiva y única a una sola teoría. De igual manera resulta de suma importancia entender al ciudadano más allá que un simple votante, debe entenderse como el motor de la democracia, quien debe ver y demandar la satisfacción plena de los derechos políticos y civiles, pero también los derechos económicos y sociales.
Ante un panorama en donde la globalización económica y tecnológica ha generado desigualdades sociales realmente profundas en todo el mundo, - provocando la exclusión de grupos sociales mermando sus derechos políticos y sociales-, a esto, aunado el adelgazamiento del Estado, es necesario fomentar una participación ciudadana que se genere en el entorno de multiculturalismo mundial, en donde se promuevan los derechos políticos, pero también los derechos económicos y sociales, necesarios para poder desarrollarse dentro de un Estado de Derecho. Y en un sistema de gobierno democrático, que es un sistema que defiende la protección de los derechos humanos, se hace necesario promover la participación ciudadana para hacer frente, y cambiar, la realidad de desigualdad que impera no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Es necesario entender que, la ciudadanía no es sólo una condición de libertad privada y derechos políticos básicos, sino también una condición que atañe a la calidad de vida de todos aquellos que forman parte de la sociedad. (CEPAL: 2000, 306)
Finalmente, en este punto agrego que, para poder preservar la idea de libertad e igualdad individual, postulado por la teoría liberal, es necesario entender que el individuo se desenvuelve y forma parte de un colectivo, del cual debe formar parte activa para la toma de decisiones, pero que sí debe hacerlo con total libertad y autonomía. Es ciudadano al ejercer el legítimo reclamo de sus demandas, es ciudadano como beneficiario de la acción pública del Estado, pero también lo es al interesarse en problemas locales, regionales, nacionales (y ahora, globales) y al fortalecer la red social que integra. (CEPAL: 2000, 306)
Un segundo apartado del ensayo abordará el tema de aquellos mecanismos de participación ciudadana, tales como la reelección, consultas ciudadanas, referéndum, entre otras, que pueden fortalecer el desarrollo de la democracia, desde una perspectiva de la realidad mexicana.
En un sistema democrático de representación liberal, sistema que se desarrolla en México, es necesario fomentar aquellas figuras que promueven la participación e involucramiento por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones, de lo contrario, el concepto de ciudadano se entiende únicamente como la posibilidad de ejercer el voto, lo que muchas veces desvincula al ciudadano de la realidad política.
En la actualidad en México la autonomía del sistema político y del ejercicio de los derechos políticos se manifiesta en el desarrollo de procedimientos jurídicamente reglamentados: las elecciones. Estos procedimientos ofrecen la oportunidad de expresar inconformidades y protestas sin poner en peligro las estructuras institucionales. Las elecciones contribuyen de manera decisiva a la legitimidad del sistema político, pues a cambio del derecho de voto, se exige al ciudadano una disposición generalizada a aceptar, dentro de ciertos márgenes de tolerancia, las decisiones que resulten del procedimiento. (FIX-FIERRO: 2006, 25)
Es cierto que la emisión del voto, no debe ser vista como la única característica de la ciudadanía, pero también debe dimensionarse como una acción de suma importancia, en donde se requiere de la participación activa de la ciudadanía, y el previo análisis de cada una de las opciones para poder ejercer el voto de la manera más consciente e informada posible, para generar un bienestar social.
Cabe mencionar que el voto puede ser emitido también para decidir la revocación de mandato, la cual sería decidida por la ciudadanía en caso de que algún representante no cumpliera con su labor o realizara alguna acción que afecte el bienestar de la sociedad, considero que este es un instrumento importante para vincular más al ciudadano con sus representantes, porque tendría al menos una manera de presionar para que se cumplieran las propuestas establecidas durante la campaña, pero desafortunadamente esta figura no está reglamentada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por un lado, y por el otro, existen algunos estados en lo que se presenta esta figura en las Constituciones locales, sin embargo, la ciudadanía no posee la información por desconocimiento de los procesos democráticos a los cuales tiene derecho como ciudadano. Considero que es necesario que se fomente que esta figura sea legislada en la Constitución nacional para poder así incrementar las posibilidades que tiene el ciudadano mexicano de demandar a sus representantes buenos resultados, y podría ser una manera de incrementar la participación ciudadana y fomentar que se conozcan más los derechos ciudadanos, mostrando que existe la vía de influir de manera directa en la toma de decisiones del país.
Pero existen otras formas de participación que refuerzan la participación ciudadana en la vida política, que ayudan a estrechar la relación del Estado (entendido como gobierno) y la sociedad civil. La existencia del derecho de participación en asuntos políticos implica el deber correlativo del Estado de establecer y perfeccionar constantemente los mecanismos y procedimientos de dicha participación. Estos incluyen no sólo la elección de gobernantes y representantes, sino también los mecanismos de democracia directa y semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana o popular, además de otras formas de consulta de la ciudadanía. (FIX-FIERRO: 2000, 35)
A continuación presento de manera más detallada a qué se refiere cada una de estas figuras.
La iniciativa popular consiste en la facultad que tiene cualquier ciudadano, o una fracción determinada del electorado, de presentar proyectos de leyes, decretos y otras disposiciones generales para que sean discutidos y, en su caso, aprobados por los órganos competentes. (FIX-FIERRO: 2006, 72)
En el caso de México esta figura está legislada en casi todas las entidades federativas, pero no resulta tan sencillo presentar una iniciativa popular a nivel federal, porque en primera instancia debe ser presentada ante los congresos locales respectivos, y una vez aprobada ahí se turna al poder federal, dado el caso. Considero que es importante que exista la posibilidad, pero por otro lado, debe reconocerse que la sociedad mexicana no está caracterizada por participar de manera activa en la política, y en caso de hacerlo, como sucede con la sociedad civil organizada, el proceso burocrático por el que se tiene que pasar para poder hacer llegar la iniciativa, simplemente a los congresos locales, muchas veces desincentiva a los proponentes.
Un aspecto que la sociedad mexicana tiene muy introyectado, es que las cosas en México funcionan o con mordidas (corrupción) o a través del compadrazgo, esto ha desanimado a la sociedad en general a tomar parte activa en la vida política, haciendo caso omiso al uso de figuras como la iniciativa popular.
El referéndum se refiere a la aprobación o rechazo, por la ciudadanía, de disposiciones generales expedidas por los órganos públicos. […] Del referéndum están excluidas, en general y por razones comprensibles, las leyes fiscales y financieras, las leyes orgánicas del Estado, así como las normas constitucionales y legales que se expidan en cumplimiento de una reforma a la Constitución federal. (FIX-FIERRO: 2006, 71)
Esta figura de participación ciudadana no está presente en la legislación de todas las entidades federativas, salvo en algunos casos, sin embargo, una vez más, aún cuando existen no son de uso cotidiano en la vida política de México, caso contrario a lo que sucede en otros países, como lo fue últimamente en Venezuela, en donde se sometió a referéndum las reformas constitucionales, entre las que se encontraba aquella que proponía la permanencia indefinida en los cargos públicos, incluido el de presidente de la República.
El plebiscito implica la aprobación o desaprobación de medidas o de propuestas de medidas trascendentes del ejecutivo estatal y, en algunos casos, de los ayuntamientos. (FIX-FIERRO: 2006, 71)
En el caso mexicano esta figura está reglamentada en casi todas la entidades federativas, incluso en algunos ayuntamientos, la importancia de esta figura, al igual que del resto, radica en que la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar las propuestas de los representantes y ser ellos quienes tomen la decisión, y no sean únicamente los representantes quienes discutan y decidan cuestiones que impactan de manera importante la vida de la sociedad mexicana.
Si se trata de verdaderas instituciones de participación ciudadana, está claro que son los ciudadanos quienes deben tener la iniciativa y la decisión preferentes en estos procesos. Ello implica, pues, que sea efectiva, aunque no ilimitada, la posibilidad de llevar a cabo un referéndum, o plebiscito, o de ejercer la iniciativa popular, de modo que estos instrumentos se utilicen para tomar decisiones verdaderamente trascendentes. (FIX-FIERRO: 2006, 73)
La importancia de estas figuras de participación ciudadana en una democracia representativa es muy importante, porque son canales con los que los ciudadanos pueden contar para disminuir la distancia con sus representantes, en el caso de México se presenta un atraso en relación a este tema, primero porque no están presentes en las legislaciones de todos los estados, municipios y en la legislación federal, y segundo, porque la gente desconoce la existencia de éstos en los casos que están legislados.
En nuestro país se tiene un problema de desvinculación de los ciudadanos con la vida política por diversas razones, una de ellas por la falta de información, y también por hábitos que desafortunadamente no se han podido erradicar de la cultura ciudadana, como la corrupción, lo que genera desconfianza en gran parte de la población hacia los representantes públicos.
Por esta razón, considero que es necesaria la inclusión de estas figuras a escala nacional, y que sean los institutos electorales, federal y estatales, los encargados de difundir la información y facilitar la realización de dichos procesos, para evitar la injerencia del gobierno en algo que debe verse como un ejercicio ciudadano. Debe evitarse lo que sucedió el Distrito Federal cuando se realizó la consulta ciudadana en relación a la “privatización” de PEMEX, porque es cierto que era un tema de suma importancia, pero la actuación del gobierno del D.F. fue parcial, se difundían volantes en donde te decían cómo tenías que votar, creo que lo que se tuvo que haber hecho fue difundir información en relación a las propuestas de el ejecutivo de manera más clara para que los ciudadanos pudieran emitir un voto informado y autónomo.
Pero considero que es importante la promoción de este tipo de figuras para fortalecer la democracia en México y brindar mayores herramientas a los ciudadanos para que participen en la vida política del país. Pero éstas deben estar legisladas de tal manera que se generen las condiciones de total legitimidad y legalidad a los procesos, con el fin de que los ciudadanos tengan mayor confianza e interés para emitir sus opiniones.
FUENTES DE INFORMACIÓN.
· CEPAL (2000), Equidad, desarrollo y ciudadanía. México.
· DAHL, Robert (1999) La democracia: una guía para los ciudadanos. Ed. Taurus, Madrid.
· FIX-FIERRO Héctor (2006) Los derechos políticos de los mexicanos. UNAM, México. Capítulos I y II.
· KYMLICKA, Will y Wayne NORMAN (1997) El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía, Agora No. 7
· PETTIT, Philip (2004), Liberalismo y Republicanismo, en Félix OVEJERO et. al., Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad. Paidós, Barcelona.
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